Criminalidad y coloniaje
JUAN MANUEL MERCADO NIEVES - Candidato a Comisionado Residente del PIP
En días recientes, un artículo investigativo de este periódico destapó la pobre defensa que hace el gobierno de los Estados Unidos de las fronteras de Puerto Rico, al tiempo que ofreció interesantes datos sobre la dinámica del narcotráfico en nuestra región.
Esta revelación tuvo que haberle caído como balde de agua fría al Partido Popular que, como ya es su costumbre de cara a eventos electorales, recurre consistentemente al frívolo argumento de que la discusión del status se debe posponer indefinidamente hasta que resolvamos los denominados “problema apremiantes” del País, entre ellos, el de la criminalidad rampante.
Del artículo surge con claridad (y tanto anexionistas rojos y azules lo saben) que el desastre en la lucha contra el narcotráfico en Puerto Rico no es cuestión de falta de valores, como sugiere -mayormente- el PNP para agenciarse el endoso de instituciones religiosas y apóstoles. Tampoco lo causa la ausencia de un gobernador sensible “con la gente en la mente”, como aseguran los populares apuntando a la cara de Alejandro García Padilla.
Si bien podríamos responsabilizar en parte a los gobiernos coloniales del PNP y el PPD por su visión errada de cómo enfrentar el problema de la criminalidad, el desastre de seguridad es obra sobre todo de la acción y omisión de un gobierno federal en control absoluto sobre nuestro territorio nacional y de la política pública sobre el tema. Y ese gobierno extranjero que, sin derecho pero de hecho, atiende nuestras fronteras y aduanas y que se denuncia a sí mismo en el artículo, suma a sus galones como imperio, con su decisión unilateral, el dejar a su suerte ante el flagelo del narcotráfico a los residentes de sus cada vez menos estratégicamente importante posesión territorial.
Según nos informa el artículo, el gobierno de los Estados Unidos decidió ahorrarse el dinero de hacer el trabajo en nuestras costas para invertirlo en soluciones para Arizona, California y Texas, donde están los americanos de verdad. Nuestros más de 1,030 muertos, nuestras islas inundadas de armas y balas que no se fabrican aquí, nuestro “desarrollo económico” como puerto de trasbordo involuntario del narcotráfico internacional -los grandes mercados de consumo no están aquí- y el desbarajuste en nuestras vidas por servir de posada y nuestros compatriotas de mulas del crimen organizado que va y viene entre el este de los Estados Unidos y América del Sur, eso le importa poco al Congreso estadounidense como institución.
Pero debería importarnos a nosotros. No estamos hablando solamente de los más de 1,030 muertos -sólo este año- sino los 2,000 o 5,000 muertos que vendrán después de no asumir nosotros los puertorriqueños la responsabilidad que nos corresponde por el control de la política pública sobre aduanas, armas, narcotráfico y criminalidad, algo solamente posible -en toda su plenitud- bajo la independencia.
Ni en la colonia que se vive puede, ni en la imaginaria estadidad podría, el gobierno de Puerto Rico implementar por decisión propia, entre muchas otras potenciales iniciativas, el terminar con la importación y venta de armas y municiones, realizar inspecciones más estrictas a furgones y equipajes como disuasivo para que nos dejen de usar de puente; tampoco, bajo estas condiciones, podría el País elaborar una estrategia salubrista integral para atender la narcodependencia entre los nuestros producto de esas mismas importaciones desatendidas. Bajo ambas fórmulas siempre dependeremos de lo que decidan o no decidan los federales. Uno o siete llorando y suplicando en Washington en un salón de 435 no va a hacer gran diferencia.
La escritura está en la pared. Bajo el control del Congreso, seguiremos siendo meros espectadores de nuestro propio y cotidiano exterminio. La consulta del 12 de agosto de 2012 determinará si vamos o no a seguir viviendo y muriendo bajo el dinámico fuego cruzado colonial. A lucha y a la victoria.
Esta revelación tuvo que haberle caído como balde de agua fría al Partido Popular que, como ya es su costumbre de cara a eventos electorales, recurre consistentemente al frívolo argumento de que la discusión del status se debe posponer indefinidamente hasta que resolvamos los denominados “problema apremiantes” del País, entre ellos, el de la criminalidad rampante.
Del artículo surge con claridad (y tanto anexionistas rojos y azules lo saben) que el desastre en la lucha contra el narcotráfico en Puerto Rico no es cuestión de falta de valores, como sugiere -mayormente- el PNP para agenciarse el endoso de instituciones religiosas y apóstoles. Tampoco lo causa la ausencia de un gobernador sensible “con la gente en la mente”, como aseguran los populares apuntando a la cara de Alejandro García Padilla.
Si bien podríamos responsabilizar en parte a los gobiernos coloniales del PNP y el PPD por su visión errada de cómo enfrentar el problema de la criminalidad, el desastre de seguridad es obra sobre todo de la acción y omisión de un gobierno federal en control absoluto sobre nuestro territorio nacional y de la política pública sobre el tema. Y ese gobierno extranjero que, sin derecho pero de hecho, atiende nuestras fronteras y aduanas y que se denuncia a sí mismo en el artículo, suma a sus galones como imperio, con su decisión unilateral, el dejar a su suerte ante el flagelo del narcotráfico a los residentes de sus cada vez menos estratégicamente importante posesión territorial.
Según nos informa el artículo, el gobierno de los Estados Unidos decidió ahorrarse el dinero de hacer el trabajo en nuestras costas para invertirlo en soluciones para Arizona, California y Texas, donde están los americanos de verdad. Nuestros más de 1,030 muertos, nuestras islas inundadas de armas y balas que no se fabrican aquí, nuestro “desarrollo económico” como puerto de trasbordo involuntario del narcotráfico internacional -los grandes mercados de consumo no están aquí- y el desbarajuste en nuestras vidas por servir de posada y nuestros compatriotas de mulas del crimen organizado que va y viene entre el este de los Estados Unidos y América del Sur, eso le importa poco al Congreso estadounidense como institución.
Pero debería importarnos a nosotros. No estamos hablando solamente de los más de 1,030 muertos -sólo este año- sino los 2,000 o 5,000 muertos que vendrán después de no asumir nosotros los puertorriqueños la responsabilidad que nos corresponde por el control de la política pública sobre aduanas, armas, narcotráfico y criminalidad, algo solamente posible -en toda su plenitud- bajo la independencia.
Ni en la colonia que se vive puede, ni en la imaginaria estadidad podría, el gobierno de Puerto Rico implementar por decisión propia, entre muchas otras potenciales iniciativas, el terminar con la importación y venta de armas y municiones, realizar inspecciones más estrictas a furgones y equipajes como disuasivo para que nos dejen de usar de puente; tampoco, bajo estas condiciones, podría el País elaborar una estrategia salubrista integral para atender la narcodependencia entre los nuestros producto de esas mismas importaciones desatendidas. Bajo ambas fórmulas siempre dependeremos de lo que decidan o no decidan los federales. Uno o siete llorando y suplicando en Washington en un salón de 435 no va a hacer gran diferencia.
La escritura está en la pared. Bajo el control del Congreso, seguiremos siendo meros espectadores de nuestro propio y cotidiano exterminio. La consulta del 12 de agosto de 2012 determinará si vamos o no a seguir viviendo y muriendo bajo el dinámico fuego cruzado colonial. A lucha y a la victoria.